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Apuntes desde la crisis: el sector público

Siguiendo con el orden implícito en el post anterior, comencemos por la configuración del sector Público en sí mismo, porque un sector público eficiente es clave para tener una economía eficiente.

España comenzó hace 30 años un proceso de descentralización («el Estado de las Autonomías») de gran calado. En este tiempo se ha dado una fuerte redistribución de competencias en los tres niveles: Administración Central, Comunidades Autónomas y Entes locales.

Sólo desde 1990 a 2006 el número de funcionarios ha pasado de 1.2 a 1.8 millones. Y su ubicación ha cambiado también: Hoy 3 de cada 4 funcionarios están fuera de la responsabilidad de la Administración Central.

Lógicamente, el incremento de una parte de esos funcionarios se ha dado como consecuencia de una extensión del nivel de servicios, pero como sabemos en las empresas cualquier proceso de descentralización genera duplicidades que deben ser gestionadas a través de repasos sucesivos de procedimientos ya que si no estos movimientos son altamente inflacionarios.

Pues bien, en estos años no soy consciente de que se haya realizado un trabajo riguroso de solapes de funciones a los distintos niveles del Estado. De hecho, no hemos sido capaces ni de sacar una Ley sobre Financiación de Entes Locales, que supone previamente un deslinde de responsabilidades.

A una administración eficiente no se llega por el voluntarismo ni por el mero ajuste de salarios (que incluso puede ser ineficiente en el largo plazo, dada la competencia del sector privado), sino por un compromiso por parte de las fuerzas políticas (no solo el gobierno) de racionalizar los solapes que sin ninguna duda se están dando.

La falta de visión del servicio al ciudadano (que es lo que una administración debe pretender) da lugar a unos solapes y a una descoordinación que significa una mala calidad de servicio. Esto, en sí mismo, tiene un costo que no está en la Contabilidad Nacional, pero en términos de aportación de valor social es importante.

Y la verdad es que la ola que hoy tenemos no está en esta dirección (igual en los próximos días cambia) porque desde el verano del 2007 (el inicio de la crisis) las comunidades autónomas han incrementado su número de empleados en 165.000. En el 2009 y mientras el sector privado había reducido el número de empleados en el 12,7% en el sector público se había incrementado en un 5,3%. No nos debe extrañar por tanto, que la masa salarial del sector público continuase su incremento este año.

Enfrentarse a este problema es políticamente difícil, pero creo que es muy factible porque España no parte de un exagerado número de funcionarios, por lo que en mi opinión los esfuerzos son muy asumibles si se tiene voluntad y compromiso. Pero desde luego, esto no se soluciona solo con la desaparición de un par de Ministerios (aunque tampoco es malo hacerlo).

Pero en el sector público también hay que hablar de los ingresos. La economía sumergida en España se calcula que está entre el 20 y el 25%. Dicho de otra forma, hay más de 200.000 millones de euros que no pagan impuestos, ni Seguridad Social…. pero que sí reciben servicios.

La magnitud de este porcentaje suele relacionarse con el resto de los PIGS para tranquilizar conciencias, pero en este mundo que nos viene, admitir esos benchmarks es asumir que no seremos competitivos.

También esto es complejo, pero es muy importante. Es un tema de eficiencia y equidad. Los políticos deben hacer su trabajo y los funcionarios desarrollar los procesos de lucha contra el fraude pero, para tener éxito, la sociedad civil no puede tener el nivel de complacencia con las prácticas defraudatorias que hoy tiene.

El gobierno y las Administraciones tienen más papeles que fijar -en los que profundizaré en el futuro- pero para ello requiere una administración eficiente y eficaz.